Debido a lo complejo que resulta la red que se teje en la delincuencia organizada, también resulta difícil poder dejar bien claro cuales son las garantías que se ven afectadas y por lo tanto que se debería hacer para tratar de regular esa situación.

Ya no se puede justificar cuales son los interese que están de por medio, pues se considera en primer lugar el tema de la salud  publica, también la vida de muchas personas, la libertad, la seguridad publica e incluso la seguridad del propio estado. Estos son algunos de los argumentos que se manejan en los discursos oficiales para justificar todas las medidas que se pretenden aplicar para frenar los efectos del crimen organizado.

Dada la diversidad de figuras delictivas, que están relacionadas con la delincuencia organizada, como son: terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de indocumentados, secuestro, robo de vehículos, falsificación de moneda, lavado de dinero, entre otros,  definitivamente no puede hablarse de un solo bien o de un solo grupo de bienes jurídicos, fácilmente identificables, sino tendrá que hablarse en abstracto de diversos bienes jurídicos que entran en consideración, pero que en el caso concreto necesariamente tendrá que individualizarse, dependiendo de la forma en que se manifiesta la delincuencia organizada.

Si se analizaran exhaustiva los daños que se dicen que se han provocado, se vería que tanto es verdad la afectación, y podríamos ver que sólo es parte del discurso, solo cumplen una función simbólica (pues como puse en entradas anteriores, en el catalogo de delitos federales, están incluidos muchos de estos)  o también son pretexto, pues como sabemos si hay corrupción y debido a la diversidad de carteles, se utilizan las leyes como pretexto para poder afectar a otros, o desviar la atención y así poder cometer otros delitos.

Ciertamente, durante mucho tiempo la legislación penal federal ha prohibido y sancionado una gran diversidad de conductas que tienen que ver con los estupefacientes y psicotrópicos, es decir, con los “narcóticos”, que van desde la siembra y cultivo hasta el comercio o tráfico de drogas, teniendo para ello en consideración el mismo bien jurídico, dándoles el mismo tratamiento no obstante su diverso impacto con relación a la “salud pública”, y dejando el consumo como una conducta no punible. No obstante, debido a que el crimen organizado conserve escrupulosamente su invisibilidad, muchos no estamos conscientes de cuánto nos daña o siquiera que nos afecte. Mucho se ha hablado y se habla del narcotráfico, pero desafortunadamente no siempre con plena  comprensión de su enorme complejidad, ya que involucra elementos jurídicos, políticos, económicos y de salud, entre otros; de ahí que, gran parte de la insuficiencia de los resultados en la lucha para combatirlo, obedece a que no se ha entendido bien todos los factores causales del fenómeno, por su lado, ni todas las consecuencias en su magnitud y complejidad, por el otro.

Por ello, es importante señalar, también, que la “delincuencia organizada” constituye el género y el narcotráfico la especie, aunque éste sea una de sus más destacadas manifestaciones; por lo que, “analizar e intentar comprender el fenómeno del crimen organizado sólo desde la perspectiva del narcotráfico, resulta ser una visión parcial y las conclusiones serán carentes de método” , además de que las medidas de control serán infuncionales. De ahí, la necesidad de analizar las características específicas de la delincuencia organizada, con el fin de conocer su teleología y entender mejor su funcionamiento y, de esa manera, adoptar las adecuadas estrategias político-criminales para enfrentarla eficazmente.

Referencia: http://www.bibliojuridica.org/libros/1/131/17.pdf